Día: 24 de enero de 2023

España y Francia van a estudiar la posibilidad de disponer de una nueva interconexión eléctrica aprovechando la infraestructura del hidroducto submarino H2MED que llevará hidrógeno renovable a partir de, por lo menos 2030, desde Barcelona a Marsella. Si el proyecto del hidroducto no deja de ser aún más que eso, un proyecto, el del nuevo cable eléctrico no pasa de ser una idea. Una idea, planteada en la reciente cubre hispano-francesa celebrada en Barcelona, con bastante sentido, ya que se pueden aprovechar los estudios geológicos que se tienen que realizar para colocar los tubos bajo el mar Mediterráneo. Además, nuestro país sufre un déficit histórico en la capacidad comercial de intercambio de electricidad con Francia. Actualmente suman solo 2.800 MW, frente a los 10.000 MW que exige la UE (un 10% de la capacidad instalada). De hecho, España es el único país de la Europa continental por debajo del mínimo establecido por la Unión Europea. El hidroducto H2MED tendrá una longitud de 455 kilómetros , un diámetro de 28 pulgadas (71,12 centímetros) y discurrirá a una profundidad máxima de 2.600 metros. Código Desktop Imagen para móvil, amp y app Código móvil Código AMP 1200 Código APP Los técnicos de los ministerios de Transición Ecológica de ambos países están analizando tres posibles trazados dependiendo de la orografía, las corrientes submarinas y respetando los ecosistemas. De hecho, el estudio de estas y otras variables prolongarán el proyecto varios años. De ahí que no entraría en funcionamiento hasta al menos el año 2030. El presupuesto de este hidroducto se estima, al día de hoy, en 2.135 millones de euros, cifra que variará seguramente por las complicaciones técnicas que surgirán. No obstante, España y Francia esperan que la Comisión Europea financie al menos el 50% del proyecto al considerarlo de interés común europeo. De todas formas, aún no han determinado cómo se repartirán los costes . Sin embargo, España y Portugal ya se han puesto de acuerdo sobre el tramo peninsular del H2MED –Celorico (Portugal) y Zamora– que, con un presupuesto de 350 millones de euros, nuestro país asumiría unos 157 millones. Precisamente, en la interconexión eléctrica submarina que está tramitándose a través del golfo de Vizcaya , entre Gatika (cerca de Bilbao) y la subestación de Cubnezais (en la región francesa de Aquitania) han surgido importantes problemas para su financiación debido a que RTE, el gestor del sistema eléctrico francés, no quiere asumir una parte de los sobrecostes que sufre el proyecto tras el encarecimiento de diversos materiales. Sobrecostes Esta infraestructura estaba presupuestada en unos 1.800 millones de euros y actualmente se habría encarecido en otros mil millones . El objetivo de que esté funcionando en 2027 se antoja ahora una utopía, máxime cuando en 2019 se detectaron problemas de inestabilidad en el cañón submarino. Se trata de un doble enlace submarino y subterráneo, de 300 kilómetros, en corriente continua, con una capacidad de transporte de 2×1.000 MW. Cuando funcione, la capacidad comercial entre ambos países alcanzará el 5%, la mitad de la planteada por la UE. La interconexión que discurriría en paralelo al hidroducto entre Barcelona y Marsella tendría unas características muy similares a la del golfo de Vizcaya. La última interconexión eléctrica que se puso en marcha entre España y Francia fue también subterránea, pero en tierra firme, entre Baixas (Francia) y Santa Llogaia (España) y supuso un hito tecnológico mundial, ya que una parte de la misma discurre por el interior de una galería de 8,5 kilómetros que atraviesa los Pirineos y que transcurre paralelo a la línea ferroviaria de alta velocidad. Fue inaugurada en febrero de 2015 por Mariano Rajoy y Manuel Vals. Al finalizar la citada cumbre hispano-francesa, ambos gobiernos hicieron público un comunicado en el que subrayaban que «han convenido en la necesidad de acelerar los trámites de los proyectos transpirenaicos de interconexión eléctrica, incluyendo el tendido submarino previsto por el golfo de Vizcaya, así como el proyecto H2MED para suministrar hidrógeno verde al resto del continente europeo, con la convicción de que estas infraestructuras aumentarán la seguridad de suministro de los Veintisiete y facilitarán la consecución de los objetivos comunitarios de descarbonización». MÁS INFORMACIÓN Alemania se une al proyecto del corredor de hidrógeno junto a España, Francia y Portugal Curiosamente, si cristalizaran los proyectos del hidroducto y de la interconexión eléctrica en paralelo se contentaría a aquellos que están a favor de transportar hidrógeno verde a largas distancias por tubos y quienes defienden que sería mejor una conexión eléctrica . Sobre este polémica, el consejero delegado ejecutivo de Enagás, Arturo Gonzalo Aizpiri, dijo hace unos días que los tubos «son entre dos y cuatro veces más baratos, más eficientes ya que no tienen pérdidas como las líneas eléctricas, y más sostenibles porque van soterrados».

La eterna integración de Air Europa en la matriz de Iberia, IAG, se encamina ya hacia su final después de tres años. Ambas partes se encuentran ultimando un nuevo acuerdo y todo apunta a que se cerrará en torno a los 500 millones de euros . Pero la familia Hidalgo presiona todavía para elevar ese montante en el contrato final, según ha podido saber este periódico. La aerolínea de Globalia escuda esa subida en las cifras de ventas que ha conseguido en 2022 en los mercados de largo radio, apuntan a este periódico fuentes cercanas a las negociaciones. Según los datos de AENA, Air Europa cerró el ejercicio pasado con tan solo un 3% de pasajeros menos llevados a Iberoamérica, tras portar a más de dos millones y medio de pasajeros a la red de destinos donde opera en esas regiones. Y eso que en el primer trimestre el flujo a esos países estuvo parado por la virulencia de Ómicron. No es la única baza a su favor. Según apuntan las mismas fuentes, en el seno de la compañía aérea balear entienden que es ahora el momento oportuno para mejorar la oferta a sabiendas de qu e China y el resto de mercados asiáticos empiezan a reactivarse . Iberia quiere hacerse con el 100% de la aerolínea para usar los aviones de Air Europa, además de toda su potencia operativa (alrededor de 4.000 empleados) en expandir sus alas a esa región, que será la más pujante en los próximos años con los más de 1.400 millones de potenciales turistas que se espera que puedan visitar Europa en la próxima década. Y la fuerza con la que todo apunta a que se van a recuperar esos mercados ha abierto más que nunca el apetito a Iberia, que quiere acelerar esa expansión. Air Europa sabe que para Iberia el tiempo apremia y busca sacar mayor tajada. Cualquier argumento es válido. El próximo 31 de marzo caducará la exclusividad de IAG para negociar por el que ahora mismo sigue siendo su rival en los cielos. De superar esa fecha sin acuerdo, Air Europa podría caer en manos de otros grandes grupos extranjeros como Lufthansa y Air France -KLM . Para evitar que esa posibilidad se convierta en una realidad, el Gobierno citó hace pocas semanas a los presidentes de ambas aerolíneas, según adelantó El Confidencial. ¿El objetivo? convencer a ambas partes de acelerar el cierre de la operación, fundamental para hacer del aeropuerto de Barajas un ‘hub’ a Iberoamérica y Asia y que Air Europa no caiga en manos extranjeras y tire por tierra el proyecto. Por el momento, IAG tiene en sus manos el 20% de la aerolínea , algo que consiguió tras convertir en agosto el préstamo convertible de 100 millones de euros que tenía sobre la aerolínea de Juan José Hidalgo. Una cifra que se restaría de la operación final. A la mitad En cualquier caso, la integración de Air Europa en Iberia se llevará a cabo por un montante muy inferior al del primer acuerdo alcanzado en 2019. Entonces el desembolso fijado fue de 1.000 millones de euros. Eso sí, Iberia asumiría la abultada deuda de Air Europa, que en 2021 rondó los 900 millones de euros. Un dinero en el que se incluye los 475 millones del rescate del Gobierno. Pero tras la buena marcha del negocio el año pasado con la recuperación de los flujos turísticos esa cantidad se ha aligerado. Con todo, una vez se cierre la operación, esta también tendrá que pasar el examen de Competencia , que ya lanzó por los aires el anterior acuerdo a finales de 2021. Iberia y Air Europa tienen que convencer a la CNMC en España y al departamento de Competencia de la Comisión Europea en Bruselas con un plan de concesiones a otras aerolíneas en rutas donde ambas compañías se solapan. De recibir la negativa de las autoridades regulares, la operación estaría condenada a morir. «Si no les convencemos será mejor pasar página y continuar trabajando con el ‘hub’ de Madrid como estamos haciendo» dijo la semana pasada el presidente de Iberia, Javier Sánchez-Prieto .

El Gobierno continúa perfilando una de las medidas clave para el mercado laboral, la más importante tras la reciente reforma de la temporalidad, pero que sigue encallada en la mesa de diálogo social donde se negocia con empresarios, sindicatos y sector educativo: el denominado Estatuto del Becario . Una de las piezas que no termina de encajar en el nuevo marco formativo previsto por el Ministerio de Trabajo para los becarios es el del supuesto de las prácticas voluntarias o extracurriculares, es decir, aquellas que no forman parte de ninguna asignatura y no suponen la obtención de créditos, por lo que no pueden ser convalidadas. Como ya avanzó ABC , desde el primer intercambio de propuestas entre el gabinete dirigido por Yolanda Díaz y los agentes sociales, la intención del Ministerio de Trabajo es eliminar completamente la oferta de prácticas extracurriculares en las empresas. El Ejecutivo busca así diferenciar claramente el rol de los alumnos que acuden al centro de trabajo. Y quiere que en ningún caso estos cubran las labores de un trabajador sino que quede patente el carácter formativo de la presencia del alumno en la empresa en la que realiza prácticas. Concretamente, tal y como recoge el último documento trasladado por el Gobierno a la mesa de negociación, el planteamiento es la eliminación de las prácticas extracurriculares en un plazo de tres años. Esta versión es parecida a anteriores borradores pero introduce laxitud en el periodo transitorio hasta la eliminación total de las prácticas voluntarias. Noticias Relacionadas estandar Si Empleo El Gobierno quiere eliminar en tres años las prácticas voluntarias de los becarios en empresas Gonzalo D. Velarde estandar No consejo de ministros Las empresas deberán mantener tres años como mínimo al trabajador con un contrato bonificado Gonzalo D. Velarde La última propuesta, a la cual ha tenido acceso este medio, establece que las prácticas extracurriculares podrán aplicarse durante un periodo de tres años desde la entrada en vigor de la norma «siempre que cumplan los requisitos establecidos» y «solo hasta un máximo de 36 créditos por curso académico. Como norma general, esto se traduce un máximo de 900 horas . En el anterior borrador de la medida, el Gobierno diferenciaba entre las formaciones que ofrecían solo prácticas extracurriculares y las que ofrecen las dos, también las curriculares asociadas al plan de estudio del grado universitario o de formación profesional. Y se establecía el plazo para eliminar las prácticas voluntarias de tres años si son las únicas que se ofertan y de un solo año si la oferta incluye además a las curriculares. Vigilancia por parte de las universidades Entre las modificaciones que el Gobierno ha introducido sobre la disposición transitoria segunda de la propuesta, en la que se fija este límite de horas para las prácticas voluntarias, el Ejecutivo también le encomienda una labor de vigilancia a las propias universidades. «Sin perjuicio de lo previsto en el apartado anterior, antes de la finalización del periodo transitorio indicado, el Ministerio de Universidades efectuará una evaluación con el objeto de determinar el cumplimiento de lo previsto en esta disposición, que deberá ser trasladada a la Comisión de Seguimiento de la Formación Práctica en el ámbito de la empresa (…) para su conocimiento y análisis», señala el último borrador al cual ha accedido ABC. Escollo para el acuerdo Esta parte del Estatuto del Becario es la más espinosa. No convence ni a las empresas ni a la comunidad educativa, siempre que existen centros de formación superior o específica, como los máster o posgrados , donde la posibilidad de las prácticas extracurriculares supone una parte fundamental del programa. Fuentes empresariales señalan que precisamente estas prácticas voluntarias cubren en muchas ocasiones puestos de formación que quedan vacantes a través de la oferta curricular. MÁS INFORMACIÓN Abono de gastos y vacaciones: así quiere blindar el Gobierno a los becarios Así va a cambiar la situación de los jóvenes con el nuevo Estatuto del Becario Trabajo permitirá a cada autónomo contar con hasta dos becarios en el negocio Con todo, el Ministerio de Trabajo está encontrado dificultades para sacar adelante el nuevo marco de protección para los becarios, que según apuntan los sindicatos UGT y CC.OO. superan los 800.000 en activo en nuestro país. Ni la CEOE ni los centros universitarios ven óptimos los nuevos términos que reglarán la formación en las empresas. Y estando casi descartado el apoyo de la patronal, la vicepresidenta Díaz trabaja ya en labrar los apoyos necesarios para que el real decreto que incluya el Estatuto de Becario sea convalidado en el Congreso de los Diputados.

La actual ola inflacionista está teniendo consecuencias devastadoras sobre cientos de economías domésticas, a las que unos precios desbocados restan importantes rentas, e incluso, pueden verse envueltas en un fuerte endeudamiento. Esto puede tener graves consecuencias para su nivel de vida. Por ello, es importante tener en cuenta que hay un serie de ayudas públicas ( Bono Social Eléctrico, Bono Social Térmico… ) para amortiguar alguna de estas situaciones antes de que se tornen en mucho más dramáticas. Si se quiere acceder a ellas, hay que ver si entras o no en la noción de ‘consumidor vulnerable’. Desde la Federación de Consumidores y Usuarios CECU han advertido de que no existe un perfil concreto de ‘consumidor vulnerable’ . Es decir, «no hay unos requisitos ‘comunes’ para entrar dentro o no de esta categoría», pero sí coincide en señalar al nivel de renta y «otros factores de vulnerabilidad». A lo que cabe sumar que las ayudas a las que se puede acceder también tienen criterios particulares. Además hay varios grados de vulnerabilidad según la gravedad de su situación: consumidor vulnerable , vulnerable severo y en riesgo de exclusión social. ¿Soy ‘persona consumidora vulnerable? En CECU recuerdan que es la Ley 4/2022, de 25 de febrero, de Protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica donde se define, por primera vez, la noción de ‘persona consumidora vulnerable’ respecto a relaciones concretas de consumo. La normativa considera que son aquellas personas físicas que, sea individual o de manera colectiva, por sus características, necesidades o circunstancias personales, económicas, educativas o sociales, se encuentran «aunque sea territorial, sectorial o temporalmente, en una especial situación de subordinación, indefensión o desprotección que les impide el ejercido de sus derechos como personas consumidoras en condiciones de igualdad». Como una de las referencias, para ver si se entra o no en la noción de ‘persona consumidora vulnerable’, se encuentra el Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples (IPREM) que se publica cada año, a través de la Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE). En 2023, el IPREM mensual es de 600 euros, mientras que a 12 pagas (anual) es de 7.200 euros y a 14 pagas (anual) 8.400 euros. Al respecto, desde el Instituto Vasco de Consumo piden tener en cuenta los siguientes «límites de renta» . Para una sola persona, igual o menos de 900 euros al mes (12.000 euros anuales), que es equivalente al IPREM x 1,5. En el caso de tener pareja sería igual o menos de 1.080 euros al mes (15.120 euros anuales), que es igual al IPREM x 1,8. En el caso de una pareja con un menor sería igual o menos de 1.380 euros al mes (19.320 euros anuales), que supone en realidad el IPREM x 2,3 y si hablamos de una pareja con dos menores esto serían igual o menos de 1.680 euros al mes (23.520 euros al año), que es igual al IPREM x 2,8. En el caso de familias numerosas y pensionistas las condiciones son más favorables. Por qué puede ser importante En la solicitud de ayudas como ‘Bono Social’, ‘Bono Social de Justicia Energética’ y el ‘Bono Térmico’ es fundamental ver reconocida la noción de ‘consumidor vulnerable’ para acceder a descuentos en la factura eléctrica de entre el 25 y el 65% en el primer caso y a una ayuda según zona climática (que puede oscilar de 35 a 373,1 euros) y grado de vulnerabilidad que puede incrementarse en un 60% para los consumidores considerados vulnerables severos o en riesgo de exclusión social. Pero lo más importante, hasta el 31 de diciembre de 2023 , te protege ante los cortes de suministro de agua, gas o electricidad por impago.