El primer intento del Gobierno por instaurar los ascensos exprés en la Función Pública acabará en los juzgados

La primera intentona de Función Pública por instaurar en la Administración del Estado un sistema de ascensos más rápido, más ágil y menos exigente al objeto de evitar la proliferación de procesos que acaban con la mayoría de las plazas convocadas sin cubrir acabará en los Tribunales. La asociación que representa a los técnicos de la Administración del Estado, el cuerpo que surte de gerentes, asesores, juristas o gestores de recursos humanos las estructuras de los ministerios y los organismos autónomos y con el que Hacienda quería ensayar su innovador sistema de ascensos por la vía rápida , ha decidido por amplia mayoría recurrir ante la instancia contencioso-administrativa, la convocatoria para la cobertura de 258 plazas del cuerpo por la vía de la promoción interna publicada el pasado día 30 de diciembre en el BOE por el Ministerio de Hacienda y Función Pública. El colectivo de altos funcionarios cumple de este modo con la advertencia lanzada el pasado mes de diciembre por la federación que agrupa a las principales asociaciones de altos funcionarios del Estado, Fedeca, que anunció la presentación de un recurso contra el acuerdo entre el Ministerio de Hacienda y los sindicatos de clase para facilitar el acceso de los funcionarios de base a la escala directiva y amenazó con llevar a la Justicia todas las convocatorias sacadas por el Gobierno que trasladaran los parámetros establecidos en ese acuerdo. A saber, temarios más ligeros, menos número de pruebas y eliminación de los exámenes más duros, como las pruebas orales. Fuentes de la asociación de técnicos de la Administración del Estado consultadas por ABC aseguraban ayer que tras el acuerdo de la asamblea, adoptado por una mayoría muy amplia según estas mismas fuentes, el asunto se ha puesto en manos de un despacho de abogados para que construya el recurso que tratará de anular el proceso de selección. Cambios insuficientes De poco han servido los cambios introducidos por Función Pública en la convocatoria tras la polvareda levantada por el primer borrador que se presentó el pasado mes de noviembre. Los altos funcionarios pusieron entonces el grito en el cielo ante una propuesta que eliminaba el 80% del temario, suprimía tres de las cuatro pruebas que se realizaban tradicionalmente y aligeraba el examen principal reduciendo el número de opciones a elegir y dejando de penalizar las respuestas incorrectas. Según fuentes al tanto del proceso, tras el anuncio de Fedeca el área de Función Pública del Ministerio de Hacienda se puso en contacto con la asociación representativa del cuerpo de técnicos del Estado para tratar de conciliar posiciones y conocer los aspectos que la asociación consideraba más controvertidos. «No fue una negociación», advierten desde la asociación, pero el caso es que la convocatoria publicada en el BOE el 30 de diciembre modificó aspectos sustanciales de la propuesta original planteada desde Función Pública. La convocatoria definitiva reinstaura el temario tradicional de 83 temas , renunciando de este modo a recortarlo a solo 16 temas; amplía a 120 preguntas el examen tipo test; retoca la prueba de idiomas, que ya no será de inglés sino de inglés y francés; e incorpora una penalización por las respuestas incorrectas formuladas en el examen tipo test. MÁS INFORMACIÓN Hacienda solo exigirá un examen tipo test a los funcionarios para ascender en la Administración El cuerpo de técnicos del Estado ha considerado este esfuerzo como insuficiente. Entiende que las pruebas previstas continúan sin garantizar los principios de igualdad, mérito y capacidad que prevé la norma. Cuestionan, sobre todo, la eliminación de la prueba oral, «la que diferencia las pruebas de acceso a la escala de directivo público de cualquier otra escala y la que refleja de mejor forma las competencias necesarias en este puesto», dicen.

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